Cuestiones como la corrupción y el soborno de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales se convierten, en las últimas décadas, en una cuestión de gran atención en la comunidad internacional

En 1997, los Estados Miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), además de Brasil, Argentina, Bulgaria, Chile y República Eslovaca, firmó la Convención de Lucha contra el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, que entró en vigor en 1999 (lea aquí un breve histórico de la convención).

Como BNDES mantiene contrato con los gobiernos de otros países, principalmente por medio de financiación a la exportación de bienes y servicios, desde el advenimiento de la convención, el Banco ha intensificado las medidas internas para luchar contra la corrupción de funcionarios públicos extranjeros. Lea en relación a algunas de esas medidas.

Brasil y la convención

Brasil ratificó la Convención el 15 de junio de 2000 y la promulgó en el Decreto Nº. 3.678, de 30 de noviembre de 2000. El acompañamiento sistemático y periódico en Brasil empezó en 2003, cuando reveló que la legislación brasileña había sido arreglada para atender a los términos del documento. El resultado de monitoreo ha sido positivo a Brasil, en aquella ocasión, ya había sido arreglada una gran parte de la legislación a la convención.  

En 2002, con el advenimiento de Ley Nº. 10.467, el Código Penal Brasileño fue alterado para incluir la clasificación de acciones realizadas específicamente contra la administración pública extranjera en transacciones comerciales internacionales.

Como un desarrollo de los compromisos asumidos por Brasil con la convención, la Cámara de Comercio Extranjero emitió la Resolución Nº. 62, de 17 de agosto de 2010, que estableció que el apoyo oficial de Brasil a las exportaciones está bajo firma de la Declaración de Compromiso del Exportador, adjuntado a la Resolución.

Por fin, el 1 de agosto de 2013, Ley Nº. 12.846, fue promulgada, entrando en vigor 180 días después de la publicación, que regula la responsabilidad administrativa y civil de las empresas por practicar actos contra la administración pública nacional y extranjera.